El Gobierno cubano autorizó que mipymes, trabajadores por cuenta propia, entidades estatales con comedores obreros e instituciones sin fines de lucro puedan asumir la gestión de los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF), el programa destinado a ofrecer alimentación subsidiada a personas en situación de vulnerabilidad.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 85, amplía la participación de actores no estatales en un servicio que durante décadas estuvo bajo control directo del Estado. La decisión ocurre en medio de una profunda crisis alimentaria y representa un nuevo intento oficial por sostener un programa social afectado por dificultades de abastecimiento y recursos.

Nuevas reglas para el Sistema de Atención a la Familia

Las disposiciones aprobadas mediante el Acuerdo 10418 del Consejo de Ministros y la Resolución 14/2026 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) establecen nuevas formas de gestión para las unidades gastronómicas vinculadas al SAF.

Aunque los establecimientos estatales continuarán siendo una vía principal para ofrecer el servicio, la normativa permite ahora que otras entidades puedan administrar estos comedores.

Entre las nuevas modalidades aparecen empresas con comedores obreros, formas de gestión no estatal y organizaciones o instituciones sin fines de lucro.

Además, en comunidades rurales o zonas de difícil acceso, el servicio podrá prestarse mediante hogares de alimentación comunitaria o personas naturales que preparen alimentos desde sus viviendas, según las condiciones establecidas.

El Gobierno defiende la medida como una transformación económica

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó que la reforma busca incorporar nuevos actores a la prestación del servicio sin cambiar la condición subsidiada del programa.

Según declaraciones difundidas por Canal Caribe, la funcionaria señaló que una empresa con determinados resultados económicos podría gestionar una unidad gastronómica y atender a los beneficiarios del SAF.

Díaz Velázquez aseguró también que, aunque la administración pueda estar a cargo de actores no estatales, la selección de los beneficiarios continuará realizándose localmente mediante los grupos de política social.

El Gobierno mantiene así la estrategia de “subsidiar a personas y no a productos”, una política que las autoridades han presentado como un cambio en la forma de distribuir ayudas estatales.

Persisten dudas sobre el financiamiento del modelo

La apertura del SAF a nuevos gestores plantea interrogantes sobre cómo funcionará económicamente el sistema.

Un análisis citado del medio independiente El Toque señala que las normas establecen que los precios serán definidos por el Ministerio de Finanzas y Precios y que las autoridades territoriales asumirán el financiamiento del subsidio, pero no detallan cuánto recibirán los administradores ni cómo se cubrirán todos los costos operativos.

Los nuevos responsables tendrán además obligaciones específicas. La Resolución 14/2026 exige garantizar dos comidas diarias, cumplir requerimientos nutricionales certificados por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, ofrecer servicio a domicilio para personas que no puedan trasladarse y mantener condiciones sanitarias adecuadas.

Entre los requisitos aparecen disponibilidad de agua, equipos de conservación de alimentos, capacidad de cocción, baños funcionales y condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Un programa bajo presión por la crisis alimentaria

El SAF está dirigido principalmente a adultos mayores que viven solos, personas con discapacidad sin apoyo familiar y familias consideradas vulnerables por sus condiciones económicas.

La reforma llega mientras Cuba enfrenta una situación alimentaria marcada por escasez, inflación y dificultades para garantizar productos básicos.

Según el Food Monitor Program, citado en la información proporcionada, una amplia mayoría de la población enfrenta problemas de acceso adecuado a alimentos, mientras grupos vulnerables como los adultos mayores continúan entre los sectores más afectados.

En los últimos meses, el propio Estado cubano ha recurrido a ayuda internacional para mantener abastecidos algunos comedores del SAF. El Programa Mundial de Alimentos entregó recientemente alimentos destinados a unidades del sistema en Villa Clara, según la información disponible.

Más participación privada en servicios tradicionalmente estatales

La flexibilización del SAF forma parte de un paquete más amplio de medidas económicas anunciadas por el Gobierno cubano para ampliar la participación del sector privado en actividades que anteriormente estaban reservadas principalmente al Estado.

La misma edición de la Gaceta Oficial incluyó regulaciones relacionadas con los llamados Mercados de Barrio y nuevos mercados de abasto, iniciativas que también contemplan participación de actores no estatales y otras modalidades económicas.

La decisión sobre los comedores sociales refleja uno de los principales desafíos actuales de la economía cubana: mantener programas de asistencia mientras el Estado busca nuevas formas de gestión ante la reducción de sus capacidades financieras y productivas.

Queda pendiente conocer cómo se aplicará la medida en cada territorio, cuántos comedores pasarán a nuevas formas de administración y si el cambio logrará mejorar de manera efectiva la alimentación de los beneficiarios.