DESDE AHORA, EL RÉGIMEN APROBARÁ QUE MARCAS Y MODELOS DE VEHÍCULOS PODRÁN IMPORTARSE AL PAÍS

El Gobierno cubano creó un nuevo mecanismo de control para decidir qué proveedores, marcas y modelos de vehículos podrán importarse, ensamblarse, fabricarse y comercializarse en el país. La medida alcanza a automóviles, motocicletas y otros medios automotores, incluso cuando la operación sea realizada por una entidad previamente autorizada.

El filtro aparece en el Decreto 163/2026, publicado este martes dentro de un paquete normativo que modifica las reglas sobre comercialización, importación, fabricación, ensamblaje y transmisión de la propiedad de vehículos. La disposición sustituye al Decreto 119 de 2024 y entrará en vigor el 11 de agosto de 2026, siete días después de su publicación.

UN COMITÉ DECIDIRÁ QUÉ VEHÍCULOS ENTRAN AL MERCADO CUBANO

El decreto crea el Comité Evaluador de Medios Automotores, presidido por el ministro del Transporte e integrado por representantes de diferentes organismos estatales.

Entre sus funciones estará evaluar y aprobar los proveedores, marcas y modelos autorizados para ingresar al mercado cubano mediante importación, ensamblaje o fabricación nacional. También deberá supervisar la aplicación de la política automotriz y proponer ajustes cuando lo considere necesario.

Esto significa que disponer de una licencia para importar vehículos no bastará por sí solo. Los automotores deberán pertenecer además a una marca y un modelo previamente aceptados por el comité.

La norma amplía así algunas posibilidades comerciales, pero mantiene en manos del Estado la decisión final sobre la composición de la oferta. Para compradores y empresas, el efecto concreto dependerá de la lista de vehículos aprobados y de los procedimientos que establezca el Ministerio del Transporte.

APERTURA LIMITADA PARA EL ENSAMBLAJE PRIVADO

El paquete normativo también permite que empresas estatales, modalidades de inversión extranjera y determinados actores no estatales participen en la fabricación o el ensamblaje de vehículos, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

En el caso de las personas jurídicas no estatales cubanas, la aprobación del Consejo de Ministros será necesaria para importar componentes destinados al ensamblaje o fabricación de ciclomotores, motocicletas, triciclos y automóviles eléctricos nuevos.

Además, la actividad deberá estar incluida en el objeto social de la entidad y cumplir los requisitos técnicos establecidos por las autoridades. Para los proyectos de movilidad eléctrica, las normas exigen incorporar estaciones de carga alimentadas con fuentes renovables capaces de cubrir las necesidades de los vehículos comercializados.

INCENTIVOS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

La reforma incorpora beneficios fiscales para determinados vehículos eléctricos y elimina el límite anterior que permitía adquirir hasta seis vehículos durante un periodo de cinco años.

Las autoridades también anunciaron la ampliación del número de comercializadoras autorizadas y la continuidad del Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, financiado parcialmente mediante impuestos y aranceles procedentes de la venta e importación de vehículos.

El ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, presentó las disposiciones como parte de una actualización desarrollada durante varios años y vinculada con las recientes transformaciones económicas impulsadas por el Gobierno.

MÁS OPCIONES, PERO BAJO AUTORIZACIÓN CENTRALIZADA

La reforma abre espacios para nuevos comercializadores y para el ensamblaje de vehículos eléctricos por actores no estatales. Sin embargo, esas posibilidades quedan sujetas a aprobaciones administrativas, requisitos tecnológicos y decisiones del nuevo comité.

La diferencia será decisiva: una regulación que permita más actores económicos no garantiza necesariamente una mayor variedad de vehículos cuando el Estado conserva la facultad de aprobar cada proveedor, marca y modelo.

Hasta ahora no se ha divulgado una lista completa de los vehículos autorizados, los criterios técnicos que utilizará el comité ni el tiempo que demorarán las evaluaciones. Por esa razón, todavía no puede determinarse si el nuevo sistema ampliará efectivamente la oferta o añadirá trámites y demoras a las importaciones.